Accesibilidad Universal

            La Accesibilidad Universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

Accesibilidad en el espacio público urbanizado

            Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y  utilización de los espacios públicos urbanizados, la realización de planes y obras de accesibilidad en  municipios y edificaciones, la investigación y aplicación de avances técnicos, o la acción  institucional de las administraciones públicas y el movimiento asociativo de personas con discapacidad, conforman un tejido de actuaciones fundamentales y transversales  para insertar la accesibilidad universal de forma ordenada  en el diseño y la gestión urbana. Este nuevo concepto de  espacio público, más abierto a la diversidad, inclusivo y con una mayor calidad de uso y de vida para todas las personas independientemente de nuestras capacidades.

 Accesibilidad en la edificación

            Dotar de accesibilidad universal a las viviendas y edificios de viviendas de comunidades de propietarios constituye para las personas con discapacidad y personas mayores, una necesidad básica que conecta con derechos humanos fundamentales tales como la libertad de desplazamiento, de comunicación o el de disfrutar de una vivienda digna, pero sobretodo como paso inexcusable a la plena integración de todas las personas.

            La falta de accesibilidad representa una de las causas más frecuentes de discriminación del que son objeto las personas con discapacidad en nuestro país.

Transporte accesible

            El derecho a la movilidad libre que como ciudadanos de pleno derecho tienen las personas  con discapacidad se debe garantizar específicamente por los poderes públicos, como es el poder moverse y desplazarse libremente como garantía de que las personas puedan tener una vida independiente e integrada en la comunidad

Turismo accesible

            La Constitución Española reconoce a los ciudadanos la igualdad de todos ante la Ley y los mismos derechos fundamentales. De manera más específica, nuestra Carta Magna en el art. 19, dice que “los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”, es decir, poder transitar por las calles, plazas, parques, espacios naturales, edificios de concurrencia pública, en resumen, que tengan la posibilidad de acceder de forma autónoma y segura a todos los bienes y servicios que hacen posible disfrutar de la actividad turística en condiciones de no discriminación e igualdad de oportunidades.

            Según el Código Ético Mundial para el Turismo, las actividades turísticas se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los niños, las personas mayores y con discapacidad, las minorías étnicas y los pueblos autóctonos[1].Por otro lado se fomentará y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y de los estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen minusvalías[2].

            La existencia de un colectivo de personas con discapacidad, que en 2008 se cifró 3,85 millones de personas (8,5 % de la población) en España, supone un enorme mercado potencial al que ofrecer los servicios turísticos adecuados. En Europa, se contabilizan más de 50 millones de personas con discapacidad. Bastan estas cifras para entender la magnitud de potenciales usuarios de un turismo accesible, y todo ello sin tener en cuenta a su entorno, familia, amigos, etc. En definitiva, se trata de ir avanzando en la consecución de un turismo inclusivo, accesible y de calidad que tenga en cuenta la diversidad poblacional y no sea un requisito exclusivo para las personas con discapacidad.