La Constitución Española reconoce a los ciudadanos la igualdad de todos ante la Ley y los mismos derechos fundamentales. De manera más específica, nuestra Carta Magna en el art. 19, dice que “los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”, es decir, poder transitar por las calles, plazas, parques, espacios naturales, edificios de concurrencia pública, en resumen, que tengan la posibilidad de acceder de forma autónoma y segura a todos los bienes y servicios que hacen posible disfrutar de la actividad turística en condiciones de no discriminación e igualdad de oportunidades.

            Según el Código Ético Mundial para el Turismo, las actividades turísticas se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de población más vulnerables, especialmente los niños, las personas mayores y con discapacidad, las minorías étnicas y los pueblos autóctonos.Por otro lado se fomentará y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y de los estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen minusvalías.

            La existencia de un colectivo de personas con discapacidad, que en 2008 se cifró 3,85 millones de personas (8,5 % de la población) en España, supone un enorme mercado potencial al que ofrecer los servicios turísticos adecuados. En Europa, se contabilizan más de 50 millones de personas con discapacidad. Bastan estas cifras para entender la magnitud de potenciales usuarios de un turismo accesible, y todo ello sin tener en cuenta a su entorno, familia, amigos, etc. En definitiva, se trata de ir avanzando en la consecución de un turismo inclusivo, accesible y de calidad que tenga en cuenta la diversidad poblacional y no sea un requisito exclusivo para las personas con discapacidad.