- El 33,8% de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza y/o exclusión, 11 puntos más que la población sin discapacidad, y al 60% de los hogares que han solicitado el Ingreso Mínimo Vital se lo han denegado
- Las personas con discapacidad sufren con mayor virulencia las dificultades a las que se está enfrentando la ciudadanía en general, como el pago del recibo de la luz o encontrar una vivienda digna que se puedan permitir
- FAMDIF, junto al Movimiento Asociativo de COCEMFE, reclaman medidas urgentes, permanentes, transversales y consensuadas que erradiquen la pobreza y garanticen la igualdad de oportunidades de este grupo social
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este domingo 17 de octubre, FAMDIF junto a COCEMFE nacional y su Movimiento Asociativo denuncian el incremento constante de la exclusión y pobreza de este grupo social y piden que se implementen todas las medidas necesarias para erradicar estas situaciones en las que se encuentran una tercera parte de todas las personas con discapacidad del país.
Las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no tienen discapacidad. Según datos del año 2020 recogidos por EAPN España, el 33,8% de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza y/o exclusión, lo que representa la cifra más elevada de la última década, con un incremento interanual superior al 1% y casi 11 puntos porcentuales más que la que soporta la población sin discapacidad (23%).
“Los datos demuestran el severo impacto que la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19 está teniendo sobre las personas con discapacidad, quienes estamos viviendo un retroceso en el acceso al empleo, a la educación y a los servicios sociosanitarios y sufrimos con mayor virulencia las dificultades a las que se está enfrentando la ciudadanía en general, como son el pago del recibo de la luz o encontrar una vivienda digna que se puedan permitir”, asegura el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
La escasez de viviendas accesibles (tanto en venta como en alquiler), el incremento del coste de los alquileres y el sobrecoste que implican las tecnologías de apoyo y sistemas domóticos son algunos de los factores que restringen el acceso a una vivienda en condiciones de igualdad. Como consencuencia, de los 2,5 millones de personas con movilidad reducida que hay en España, el 74% necesita ayuda para poder salir de su vivienda por falta de accesibilidad en su edificio, lo que representa más de 1,8 millones de personas. De ellas, más de 100.000 personas viven permanentemente encerradas en su vivienda por carecer de esta ayuda.
Por otro lado, el incremento de la factura de la luz también tiene una mayor incidencia sobre este grupo social, puesto que muchas personas con discapacidad física y orgánica necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el correcto seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente. Es el caso de los sistemas domóticos, grúas de elevación o traslado, dispositivos de hemodiálisis, máquinas de oxígeno, bombas de perfusión, tratamientos intravenosos, nebulizadores, climatizadores o incluso para cargar las baterías de las sillas de ruedas.
Además, este grupo social encuentra dificultades para el acceso a sus derechos. El 37% de las personas con discapacidad física y orgánica vieron vulnerados sus derechos en 2020 y muchas personas se siguen quedando fuera del sistema oficial de apoyos porque el nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad todavía no se está aplicando, a pesar de representar la puerta de acceso al sistema de derechos y beneficios establecidos en nuestro país que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad. De igual modo, las medidas adoptadas para apoyar a los sectores más vulnerables no se están gestionando con la efectividad y agilidad que sería deseable, como demuestra la denegación del Ingreso Mínimo Vital a más del 60% de los hogares en donde viven personas con discapacidad que lo han solicitado, puesto que muchas de sus circunstancias sanitarias, sociales y económicas no están reconocidas expresamente en los criterios de acceso.
“La experiencia demuestra que las personas con discapacidad siempre somos el primer grupo social en notar los efectos de las crisis y el último en notar los efectos de la recuperación”, señala el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien hace un “llamamiento al Gobierno y a todas las administraciones del país para que adopten medidas transversales y permanentes que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y que estén consensuadas con las organizaciones que las representan”.
En este sentido, FAMDIF, COCEMFE y su Movimiento Asociativo defienden la puesta en marcha de medidas urgentes dirigidas a avanzar en la incorporación al mercado de trabajo, el aseguramiento de la obtención de ingresos, la adecuada prestación de los servicios sociales y sanitarios, la educación inclusiva y de calidad con todos los recursos y apoyos necesarios, así como el acceso a todos los servicios en igualdad de condiciones con especial incidencia en la accesibilidad universal y la autonomía personal y en aquellas personas de este grupo social en las que confluyen diferentes factores de discriminación interseccional, como ocurre con las mujeres con discapacidad o quienes viven en el medio rural. Todas las acciones de FAMDIF, COCEMFE y su Movimiento Asociativo están dirigidas a incidir de forma transversal en todos los factores relacionados con las situaciones de exclusión y pobreza a las que se enfrentan las personas con discapacidad física y orgánica y que estas cuenten con unos recursos suficientes y de toda índole para tener una vida independiente. Por ello, la labor que desarrollan está alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, concretamente el ODS 1 “Fin de la pobreza”.
