- FAMDIF y COCEMFE nacional presentan un documento de cara a las próximas elecciones generales con las medidas necesarias para garantizar los derechos y bienestar de las personas con discapacidad física y orgánica
- “Proponemos la incorporación del enfoque de derechos y considerar la discapacidad como vector transversal de atención preferente en todas las líneas de acción política del Gobierno”, ha señalado el presidente de COCEMFE nacional, Anxo Queiruga
- La organización aboga por impulsar las rentas y empleo; la educación; la accesibilidad; autonomía personal, vida independiente y atención a las situaciones de dependencia y la salud y el espacio sociosanitario
FAMDIF/COCEMFE Murcia y COCEMFE nacional han presentado sus ‘Propuestas electorales 2023’ a través de un documento que incluye 35 medidas necesarias para promover la plena inclusión y la participación activa en la sociedad de las personas con discapacidad física y orgánica, poniéndolo también a disposición de los diferentes partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo 23 de julio.
“COCEMFE y nuestro Movimiento Asociativo proponemos la incorporación del enfoque de derechos y considerar la discapacidad como vector transversal de atención preferente en todas las líneas de acción política del Gobierno”, ha señalado el presidente de COCEMFE nacional, Anxo Queiruga, quien destaca la importancia de “contemplar en las líneas de acción política los diferentes factores de discriminación interseccional a los que nos enfrentamos las personas con discapacidad física y orgánica para garantizar nuestros derechos y bienestar”.
El documento incluye una serie de consideraciones generales para incorporar de forma transversal y permanente en las políticas públicas, así como cinco grandes ejes de propuestas: Rentas y empleo; Educación; Accesibilidad; Autonomía personal, vida independiente y atención a las situaciones de dependencia y Salud y espacio sociosanitario.
Entre las medidas recogidas en el documento se encuentran la aprobación de una nueva Ley de Inclusión Laboral que siente las bases y oriente y refuerce las políticas activas de empleo para personas con discapacidad, además de la modificación de la legislación básica de acceso al empleo público para elevar el cupo de reserva para todas las Administraciones Públicas del 7% vigente al 10%.
Por otro lado, también se proponen planes integrales de atención temprana educativa coordinados con los sectores sanitario, educativo y social, planes integrales de impulso de la educación inclusiva, programas de aceleración de la accesibilidad en los centros educativos y servicios de adaptación de puestos escolares y de proporción de los productos de apoyo.
La accesibilidad es otro de los puntos clave del documento en el que COCEMFE propone reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que los costes de las actuaciones de accesibilidad en elementos comunes de comunidades vecinales donde vivan personas con discapacidad o mayores de 70 años sean asumidos en su integridad por las propias comunidades, habilitando ayudas públicas suficientes para hacer llevadero el esfuerzo económico. Además, aboga por crear por ley el Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, nutrido del 1% de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información.
FAMDIF y el Movimiento Asociativo de COCEMFE nacional piden a los partidos políticos avanzar en un sistema de atención a la dependencia más coordinado, innovador y con una dotación de recursos suficiente que posibilite el impulso de un modelo basado en la autonomía personal y en la igualdad de oportunidades, de manera que se extienda la prestación de asistencia personal y se amplíe la cartera de servicios, fomentando los servicios de promoción a la autonomía personal, innovando y flexibilizando sus tipologías.
“Proponemos la eliminación progresiva del copago de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, ha argumentado Queiruga, que defiende también “seguir impulsando la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización con un plan de choque de vivienda pública social, accesible y de emergencia”.
En términos de salud, el documento recoge la creación de unidades especializadas de atención y protocolos específicos de intervención en discapacidad, que contemple la coordinación de los equipos multidisciplinares para una atención integral de la persona y continuar con la profundización y extensión de la renovación y actualización profunda y exhaustiva del Catálogo Ortoprotésico del sistema Nacional de Salud. Por último, reivindica la importancia de desarrollar nuevas estrategias de abordaje de la cronicidad con un despliegue operativo alineadas con la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, además de garantizar la financiación pública de productos sanitarios y el acceso universal a servicios accesibles de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, especialmente para las mujeres y niñas con discapacidad.
