FAMDIF y COCEMFE presentan en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, el informe parcial ‘Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz’’, que analiza el proceso de aplicación del Real Decreto 888/2022, vigente desde abril de 2023.
El estudio, basado en más de mil testimonios de personas con discapacidad, familiares y personal técnico de entidades, pone de manifiesto que, persisten graves problemas estructurales que afectan a la calidad, la consistencia y la correcta aplicación de la normativa.
Según el informe, casi la mitad (48%) de las personas valoradas con el baremo espera más de un año, con especial incidencia en Galicia y Andalucía, donde los retrasos han aumentado entre 18 y 23 puntos porcentuales en comparación con los datos correspondientes al anterior baremo, es decir, antes del 2023.
FAMDIF y COCEMFE alertan además de importantes desigualdades territoriales en la aplicación del baremo. En comunidades como la Valenciana, menos de la mitad de las citas fueron presenciales, y hasta el 45% se resolvieron únicamente mediante informe facultativo, sin valoración directa, lo que genera desconfianza y percepciones de injusticia.
El estudio refleja una tendencia sostenida a la baja en los grados de discapacidad reconocidos desde la entrada en vigor del baremo. El porcentaje de personas con una valoración inferior al 33% ha aumentado del 33% al 40%, lo que, según FAMDIF y COCEMFE, limita el acceso a derechos, prestaciones y apoyos esenciales.
Asimismo, las resoluciones definitivas han descendido del 79% al 69%, lo que indica un mayor número de expedientes sujetos a revisión, generando incertidumbre e insatisfacción entre las personas valoradas. El informe también evidencia que el 68% de las personas percibe que el equipo valorador no tiene conocimiento suficiente de su discapacidad, especialmente en patologías orgánicas o poco visibles, y que el 77% considera que no se tienen en cuenta las comorbilidades, lo que demuestra un déficit estructural en la formación de los equipos.
“El nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad y justicia. Seguimos viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica reciben valoraciones más bajas y resoluciones que no reflejan su realidad cotidiana. El baremo no puede ser una herramienta para recortar derechos, sino un instrumento para reconocerlos plenamente”, afirma Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE.
“Numerosas personas con discapacidad fallecen antes de que su condición sea reconocida oficialmente según el baremo de valoración de su discapacidad, debido a los dilatados plazos del proceso, lo que evidencia la necesidad urgente de agilizar las evaluaciones por parte de los organismos correspondientes”, destaca Carmen Gil, presidenta de FAMDIF/COCEMFE Murcia.
El apartado sobre reclamaciones confirma la ineficacia del sistema para corregir valoraciones inadecuadas. Y es que solo el 11% de las reclamaciones logra un incremento del grado reconocido, mientras que las reducciones de grado aumentan del 6% al 13% lo que podría desincentivar el uso de este mecanismo por percibirse como sistema penalizador.
Además, el 59% de las personas se declara totalmente inconforme con el proceso de reclamación, debido a su lentitud, falta de respuesta o resoluciones genéricas que no atienden los argumentos presentados.
Y es que las diferencias en el nivel de conformidad según la fecha de valoración son estadísticamente significativas para el 2025: antes del 20 de abril de 2023, el 67% de las personas se mostraban algo o totalmente inconformes con la valoración, mientras que después de esa fecha este porcentaje aumenta hasta el 74%. En particular, la proporción de personas totalmente inconformes crece de forma notable, pasando del 32% al 46%.
FAMDIF y COCEMFE reclaman la adopción urgente de medidas que garanticen una aplicación justa y homogénea del baremo de discapacidad. En concreto, pide que se cumpla la ley, reduciendo a un máximo de seis meses el tiempo desde la solicitud hasta que la persona es notificada con su correspondiente grado de discapacidad, reforzar los equipos de valoración con profesionales formados en discapacidades físicas y orgánicas y asegurar su carácter multidisciplinar; homogeneizar los criterios entre comunidades autónomas para evitar desigualdades territoriales; garantizar la presencialidad y calidad de las valoraciones, limitando las resoluciones basadas únicamente en informes facultativos; mejorar el sistema de reclamaciones para que realmente corrija resoluciones injustas; y evaluar el impacto real del baremo en el acceso a derechos y apoyos, especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
La campaña de difusión de este informe está financiada a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
