Cada 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres reconocido por la ONU, la agenda feminista invita a visibilizar a quienes históricamente fueron silenciadas. Entre ellas, las mujeres y niñas con discapacidad, que han sufrido una doble discriminación: por género y discapacidad. En España, su historia transita desde la invisibilidad y el encierro durante el franquismo hasta un progresivo reconocimiento de derechos en democracia. Sin embargo, los avances legales actuales conviven con desigualdades persistentes, especialmente en el medio rural y en el entorno digital.
De la reclusión al despertar asociativo
Durante los años de dictadura, la discapacidad fue estigmatizada y ocultada. Muchas mujeres y niñas con discapacidad fueron recluidas en el ámbito doméstico, apartadas de la educación y de la vida social, y privadas de relaciones afectivas bajo la idea de que no debían formar una familia. Eran ocultadas socialmente, porque causaban “vergüenza familiar”, sino salían de casa, no existían socialmente.
Una de las herramientas impuestas por el régimen más desfavorable fue la recreación del Patronato de Protección a la Mujer. Este organismo, en primera instancia, pretendía erradicar la prostitución clandestina de menores, aunque realmente se basó en centros controlados por la Iglesia donde se internaba a mujeres y adolescentes consideradas “desviadas” de la norma moral del régimen. Allí, muchas -incluidas mujeres y niñas con discapacidad- sufrieron internamientos improcedentes, trabajos forzados y malos tratos.
Esta herramienta constituyó un atentado contra los derechos de la mujer y de su libertad sexual que se prolongó hasta finales de la Transición. En este contexto de control eugenésico y de género se consolidó una práctica que perduró hasta fechas muy recientes: la esterilización forzada. No obstante, en el tardofranquismo, con la creación del SEREM (Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos) en los años 60, comenzó un movimiento sutil participativo. Se inició la visibilización del colectivo, aunque la marginación social persistió.
La esterilización forzada: una herida histórica y reciente
La Constitución de 1978 abrió el camino a la igualdad formal, pero durante décadas pervivieron normas que permitían vulneraciones graves e irreparables. El artículo 156 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal permitió la esterilización no consentida de personas con discapacidad, mayoritariamente mujeres, mediante autorización judicial y, en muchos casos, bajo petición y permiso de familiares o tutores legales. Se trataba de una praxis médica amparada por el ordenamiento jurídico.
En 2020, tras años de reivindicación del movimiento asociativo, se derogó la posibilidad legal de prácticas esterilizaciones forzosas. Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2023 reforzó la protección respecto a la violencia reproductiva, definiendo expresamente la esterilización forzosa, la anticoncepción forzosa y el aborto forzoso como formas de violencia contra las mujeres, con especial atención a aquellas con discapacidad.
La norma establece la obligación de los poderes públicos de evitar estas prácticas y promover programas específicos de salud sexual y reproductiva accesibles. Un hito clave fue la aprobación de la Ley 8/2021, que eliminó la incapacitación judicial y reconoció la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, sustituyendo el modelo de sustitución por uno de apoyos.
Violencia sexual digital: la nueva frontera contra mujeres y niñas
La Ley Orgánica 10/2022 reconoce las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital: pornografía no consentida, ciberacoso, sextorsión, deepfakes o difusión de imágenes manipuladas. Estas formas de violencia se caracterizan por su inmediatez, permanencia y alcance global. El impacto se ve agravado por factores como la educación en el sometimiento, la carencia de educación sexual accesible, la dependencia económica o emocional y la brecha digital.
Referentes que rompen estereotipos
Frente al relato de vulnerabilidad exclusiva, muchas mujeres con discapacidad son referentes en la actualidad:
María Blanchard (1881-1932): Destacada exponente del cubismo, superó las limitaciones derivadas de una cifoescoliosis y dejó una huella decisiva en la historia del arte. Frida Kahlo (1907-1954): Icono artístico y feminista, transformó el dolor físico tras un grave accidente en una obra universal. Temple Grandin (1947- ): Zoóloga y profesora, fue una de las primeras personas con autismo en compartir públicamente su experiencia e innovó en bienestar animal. Teresa Perales (1975- ): Nadadora y premio Princesa de Asturias de los Deportes, es la deportista española más laureada en los Juegos Paralímpicos, con 28 medallas entre 2000 y 2024. Sarah Almagro (2000- ): Campeona de surf adaptado, logró títulos nacionales, europeos y mundiales tras la amputación de sus cuatro extremidades por meningitis meningocócica. Gloria Ramos (1993- ): Primera actriz con discapacidad intelectual nominada al Goya en Mejor Actriz Revelación por su papel en la película Campeones, ha continuado su carrera en cine y televisión.
Memoria, reparación y transformación
Este 8M, el reto es consolidar estos avances, realizados con esfuerzo y dedicación por parte de las entidades participativas, bajo el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5: “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas” y el 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
La consigna es clara: sin las mujeres y niñas con discapacidad, no hay relato feminista completo. Sin su voz, no hay democracia plena.
