Esta normativa plantea la sustitución de la incapacitación por la puesta en marcha de un sistema de apoyos que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos
El pasado jueves, 3 de junio, tuvo lugar la aprobación de una nueva normativa de legislación civil y procesal por la cual queda permitida la derogación de la incapacitación judicial de las personas con discapacidad.
La ley, que trata de plantear un sistema de apoyos que posibiliten el ejercicio de la autonomía jurídica por parte de los usuarios con discapacidad, supone diversas modificaciones normativas que parten de permitir que aquellos integrantes del colectivo puedan ejercer sus derechos, contando con los refuerzos necesarios durante el proceso de toma de decisiones.
Entre las reformas realizadas en la nueva normativa destaca la modificación del Código Civil. Así, se sustituye la incapacitación o modificación de la misma por la puesta en marcha de apoyos, término que engloba diferentes actuaciones en campos como el de acompañamiento amistoso del usuario, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras de accesibilidad, o el consejo o toma de decisiones en casos de delegación.
Además, se eliminan los conceptos de tutela, patria potestad prorrogada y patria potestad rehabilitada al contemplarse como poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad, y se inaugura la figura del defensor judicial, prevista para situaciones de conflicto entre la figura de apoyo y la persona interesada.
El nuevo precepto, que entrará en vigor a partir del 3 de septiembre de 2021, tres meses después de su publicación oficial en Boletín Oficial del Estado (BOE), posibilitará la revisión de las incapacitaciones conseguidas hasta la fecha a través de una solicitud personal; en caso de no ejercerse dicha solicitud, será la autoridad judicial de oficio a instancias del Ministerio Fiscal quien se encargará de la revisión pertinente. Las modificaciones o revisiones a efectuar tendrán lugar en un plazo máximo de tres años.
