La reforma incorpora cambios en materia de asistencia personal, ayuda a domicilio, accesibilidad universal, atención temprana y simplificación de los procedimientos administrativos.
El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente, a la espera de publicarse en el BOE, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, tras su tramitación parlamentaria, con la incorporación de nuevos derechos, servicios y prestaciones dirigidos a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad.
La reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia introduce modificaciones destinadas a ampliar los apoyos disponibles y favorecer la autonomía personal y la vida independiente.
Entre las novedades se encuentra la incorporación de la asistencia personal al catálogo de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el objetivo de facilitar que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida y participar en la comunidad.
También se amplía el servicio de ayuda a domicilio, que podrá contemplar acompañamientos para realizar actividades básicas de la vida diaria fuera del domicilio. La reforma elimina, además, el actual régimen de incompatibilidades entre prestaciones y servicios, permitiendo combinar diferentes apoyos en función de las necesidades de cada persona.
Otra de las medidas es el reconocimiento de la teleasistencia como derecho subjetivo para las personas que tengan reconocida una situación de dependencia.
Reducción de los plazos de reconocimiento de la dependencia
La nueva normativa establece una reducción del plazo máximo para resolver los procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia, que pasa de seis a tres meses.
La reforma contempla también modificaciones relacionadas con las prestaciones económicas y los cuidados, así como medidas dirigidas a reforzar los servicios de atención y apoyo en el entorno comunitario.
En materia de discapacidad, uno de los cambios previstos es el reconocimiento automático de determinados grados de discapacidad en función del grado de dependencia reconocido. Las personas con grado I de dependencia tendrán reconocido un grado de discapacidad del 33 %, mientras que para quienes tengan reconocido un grado II o III se establece un grado de discapacidad del 65 %, a determinados efectos.
Esta modificación pretende simplificar los procedimientos administrativos y evitar la duplicidad de valoraciones.
La accesibilidad universal, reconocida como derecho
La reforma incorpora también el reconocimiento de la accesibilidad universal como un derecho y contempla la creación de un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal.
Además, modifica la normativa en materia de propiedad horizontal con el objetivo de facilitar la realización de obras y actuaciones de accesibilidad en edificios de viviendas.
Otro de los ámbitos incluidos es la atención temprana, que pasa a reconocerse como derecho subjetivo para los niños y niñas de entre 0 y 6 años que presenten trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlos.
Financiación del Sistema de Dependencia
La reforma establece que la Administración General del Estado asumirá el 50 % de la inversión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 señala además que esta reforma se complementa con el real decreto-ley aprobado en julio, que contempla 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas durante 2026 y 2027 destinados al Sistema de Dependencia.
La aplicación de las nuevas medidas requerirá el desarrollo correspondiente por parte de las administraciones competentes, de acuerdo con el nuevo marco normativo.
Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
