Hoy se cumplen 34 días desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país y seguimos confinados en nuestras casas, esperando que podamos erradicar al virus, que la situación mejore y podamos volver paulatinamente a la normalidad. Volver a una cotidianidad que radicalmente y de forma repentina, hemos tenido que cambiar por el bien de todos y amoldarnos a estas nuevas circunstancias.
Se nos hace muy difícil no poder salir de nuestras viviendas y se nos ha impuesto de manera muy estricta: salir a sacar la basura, hacer la compra de primera necesidad o sacar al perro para que haga sus necesidades, siempre con medidas preventivas. Se nos hace cuesta arriba por tener que paralizar nuestra vida social para luchar desde casa para vencer a esta pandemia. Una situación y unos hechos motivados por luchar por un bien común. Nunca antes nos habían pedido tan poco para conseguir algo tan grande, y a su vez, tan importante para nuestra sociedad y las generaciones futuras.
Son 34 días que para algunos es un periodo de recogimiento personal para reflexionar o dedicarles tiempo a tareas que teníamos olvidadas. Para otros, una auténtica odisea, una situación desesperada por el aislamiento social y la convivencia entre cuatro paredes. Quizás no sean conscientes de que hasta en estas adversas circunstancias, no dejan de ser unos auténticos privilegiados.
¿Os imagináis que el 26 de abril, si paulatinamente se van minorando las medidas de confinamiento, a un sector de la población nos dijeran que tenemos que seguir en nuestros domicilios sin poder salir, mientras nuestros vecinos entran y salen libremente y no tenemos capacidad de elección?
¿Os imagináis que, a partir de ese momento, nuestra vida está condenada a seguir igual y no durante un periodo establecido sino durante varios meses o incluso años? Es dura la idea de imaginarse encarcelados en nuestra propia vivienda: ¿verdad?
Pues un informe realizado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración de COCEMFE: “Informe Movilidad reducida y Accesibilidad del edificio”, reveló hace unos meses que en España cerca de 100.000 personas con movilidad reducida, nunca salen de casa por falta de accesibilidad en el inmueble en el que viven. Que en nuestro país hay 2,5 millones de personas con problemas de movilidad reducida y el 4% vive secuestrado en su propia casa. Que más de 9 millones de edificios en España no son accesibles para personas con discapacidad física y que sólo el 0,6% de los edificios de viviendas es accesible (10 millones de edificios forman el parque inmobiliario español que se corresponde con 25,6 millones de viviendas).
Concretamente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, más de 6.000 personas con problemas de movilidad reducida no salen nunca de casa (en total se estima que hay 90.000 personas con movilidad reducida) es decir, cerca del 7%. Y por si no nos parecieran alarmantes estos datos, añade que el 69% de los murcianos con movilidad reducida precisan de ayuda de terceras personas para salir de sus casas.
Lo flagrante de esta realidad es que el motivo por el que este colectivo no puede salir de sus viviendas, no es como consecuencia de una pandemia o una crisis sanitaria mundial como a la que nos enfrentamos en la actualidad. La razón es la falta o ausencia de accesibilidad en sus edificios:
Por desgracia, las cifras nos desvelan que en pleno siglo XXI viven una situación de confinamiento permanente en sus vidas y no es como consecuencia de un estado de alarma sino por una crisis de valores de esta sociedad. Una sociedad que puede ser tan insolidaria y egoísta y por otro lado capaz de darlo todo por los demás. Además, esta situación se agrava por el marco legislativo que, en ocasiones, no ampara y vulnera el derecho a la libertad de desplazamiento y movilidad de este colectivo.
En estas semanas estamos empatizando forzosamente con muchas personas que están sometidas a estas circunstancias desde mucho más tiempo. Para estos casos la cura existe y en la mayoría de ocasiones consiste en la instalación de un ascensor, un mecanismo salvaescaleras o la construcción de una rampa accesible que permita salvar un desnivel en el zaguán o en las zonas comunes del edificio. El edificio se puede llegar a convertir en una cárcel donde tus vecinos no te dejan salir: eres un reo en tu propio hogar.
Sin entrar en términos jurídicos la realidad en nuestro país es la siguiente: una comunidad de propietarios está obligada a acometer obras de mejora de la accesibilidad sin necesidad de acuerdo previo (en el acceso al edificio o el núcleo de comunicación vertical hasta las viviendas), cuando en el edificio viva alguien con una discapacidad reconocida o si lo solicita una persona mayor de 70 años, y si además, el coste repercutido de estas obras no es superior a 12 cuotas ordinarias de gastos comunes, es decir, no supera el presupuesto anual de la comunidad o lo que es lo mismo, la suma de las cuotas mensuales de todos los vecinos en un año.
La última modificación legal denomina a estas obras: ajustes razonables. Se definen como las medidas de adecuación que garantizan la accesibilidad de forma eficaz, práctica y segura, sin que supongan una carga desproporcionada, es decir, se somete a un criterio meramente económico y dependiente, en la mayoría de los casos, de la buena voluntad y solidaridad del resto de vecinos ya que les repercute directamente el coste de estas medidas, y en muchas ocasiones, suponen una derrama que no están dispuestos a aceptar o que ciertamente no se pueden permitir.
En resumen, las obras que son necesarias para satisfacer las necesidades y el disfrute de este derecho de cualquier persona en las mismas condiciones de igualdad que el resto de vecinos son rechazadas.
La vacuna para solventar está situación de discriminación que atenta contra el derecho de igualdad de oportunidades, debería consistir en una reforma legal que obligue a las comunidades de vecinos a afrontar las intervenciones de accesibilidad en los edificios existentes para permitir el uso de las zonas comunes de la forma más autónoma, segura y natural posible. Se debería garantizar la obligatoriedad de estas obras como es el caso de la seguridad, patologías estructurales, conservación o estanqueidad de los edificios. Hablamos de habitabilidad y tratamos la accesibilidad.
No debemos olvidar, que todos somos beneficiarios directos de estas actuaciones y suponen un valor añadido para el resto de usuarios. Para unas personas será una cuestión de confort o calidad, pero para otras será la diferencia de poder entrar-salir o no poder hacerlo. En otras palabras, la existencia de barreras arquitectónicas discapacita a las personas o dicho de otro modo, si el entorno es accesible, éstas no se sentirían menos válidas que otras.
En mi opinión, creo que éste debe ser el camino que debemos adoptar desde un criterio técnico y un punto de vista más humano; una perspectiva más integradora, encaminada a normalizar el uso de los edificios por todas las personas sin crear entornos de uso exclusivo o recorridos alternativos.
Otra de las medidas importantes, sería que la Administración Pública convocara más ayudas destinadas a la rehabilitación edificatoria y que los plazos de otorgamiento de dichas subvenciones se cumplan, ya que están enmarcadas en Plan Estatal de Vivienda. Y si fuera necesario, crear un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal (como hemos propuesto en numerosas ocasiones desde FAMDIF), con ayudas específicas que garanticen el derecho a una vida independiente. Deberían aumentarse las cuantías, reducir la tramitación administrativa y facilitar los requisitos a cumplir, para que la accesibilidad sea una exigencia básica y real en todas las facetas de nuestra vida.
El Real Decreto de 2013 que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, estableció un horizonte temporal para el cumplimiento y exigibilidad de las condiciones mínimas de accesibilidad para edificación y espacios públicos urbanizados, entre otros: el 4 de diciembre de 2017, plazo que expiró hace más de dos años y que a día de hoy, son muchos los casos que nos siguen llegando a la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF (OTAF).
El gesto de aplaudir a los sanitarios que están dando su vida por combatir al virus, es un gesto que nos honra a todos como ciudadanos y que no debemos dejar de hacer cada día a las 20 horas desde nuestros balcones o ventanas, pero quizás debamos reflexionar porque se puede dar el caso y que en ese mismo edificio, residan personas que cuando todo pase, porque pasará, seguirán sin poder salir a la calle.
Como conclusión, para las personas que no tenemos la movilidad reducida, 30 días sin salir de casa puede ser mucho tiempo, para otras personas pueden ser 30 cm insalvables desde una silla de ruedas.
De alguna manera todos somos beneficiarios y lo seremos aún más, cuando lleguemos a ser mayores. Será una buena señal y quizás en esa etapa de nuestras vidas, nos acordemos de por qué no dimos el voto favorable a la instalación de un ascensor en nuestro edificio. Dicen que este tiempo marcará una época, que cambiaremos nuestros hábitos de vida saludable, la forma de relacionarnos con los demás, algunas actitudes, comportamientos, prioridades y valores. A ver si fuera verdad…
